Por Juan López
El noble pueblo nicaragüense sufrió los rigores de la dinastía tiránica de los Somoza (Tacho y Tachito, padre e hijo) durante más de 42 años; la que, gracias a sacrificios y heroicas luchas, fue derrocada, en 1979, surgiendo la esperanzadora Revolución Sandinista de construir una nación en la que reinaran las libertades, progreso, dignidad humana y bienestar social.
Lamentablemente, la sangre derramada por cientos de muertos y heridos del pueblo del eximio poeta Rubén Darío y del General Augusto César Sandino fue en vano, no valió la pena: la promesa de prosperidad no se materializó. Los sustitutos de la dictadura de la familia Somoza, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se «volvió sal y agua» porque tiene a la sufrida Nicaragua viviendo de mal en peor, caminando hacia atrás como el cangrejo, pero a mayor velocidad y profundidad.
Ahora, en pleno siglo XXI, en Nicaragua reinan la miseria, las persecuciones, violaciones a los derechos humanos y supresión de todas las libertades. El pueblo nicaragüense padece el flagelo de la dictadura familiar de los ancianos esposos Daniel Ortega (79 años) y Rosario Morillo (74 años), espurios gobernantes del segundo país más pobre de América Latina.
El presidente Ortega, como máximo líder del FSLN, ha gobernado a Nicaragua por más de 27 años, reeligiéndose en tres ocasiones consecutivas. Para garantizar su última reelección, con su esposa Morillo como vicepresidenta, el 7 de noviembre de 2021, fue necesario que utilizara todos los recursos y mecanismos del poder del Estado.
En esos comicios del 2021, la mutual Ortega-Morillo impuso la reelección con malas artes, puesto que los 7 principales candidatos de la oposición fueron apresados al inicio de la campaña e ilegalizaron sus respectivos partidos, permitiendo solo la participación de 5 entelequias de partidos que, juntos, apenas suman un vergonzante 23 % de la votación; gracias a lo cual «legalizaron» esa falsa electoral, la que fue desconocida por la comunidad internacional por carecer de legitimidad.
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Después de las protestas y crisis del 2018, que el gobierno de Ortega-Morillo apagaron en base a terror y muerte de cientos de nicaragüenses, han recrudecido las persecuciones, llenando las cárceles con sacerdotes, periodistas, dirigentes de partidos, líderes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios en base a las arcaicas y arbitrarias acusaciones de «conspiradores y traidores a la patria».
También han recurrido al inusual método de deportar y declarar apátridas a 317 nicaragüenses, quitándoles, mediante decretos, sus nacionalidades y confiscando todos sus bienes. ¡Cuántas barbaridades!
En el caso del obispo Rolando Álvarez, la dictadura familiar Ortega-Morillo fue más lejos: porque rechazó ser desterrado, le impuso una injusta y abusiva condena de 26 años de cárcel baso el estúpido expediente de «conspiración y traición a la patria».
Esas trasnochadas acciones de la dictadura familiar de Ortega-Morillo son verdaderos crímenes y adefesios jurídicos que trascienden al noble pueblo nicaragüense, en tanto que anulan los esfuerzos y avances que, en América Latina, se están cosechando en clima de libertades, respeto a los derechos humanos y procurando satisfacer las necesidades alimentarias que demandan los sectores sociales más vulnerables de los pueblos latinoamericanos.
Esta reflexión tiene el propósito de protestar las acciones del Gobierno dictatorial Ortega-Morillo. Y sumarse a la comunidad internacional, a los líderes del cristianismo, partidos políticos, periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para incrementar las denuncias contra los esbirros, aislar la dictadura Ortega-Morillo a fin de que, bajo la presión mundial, el pueblo nicaragüense pueda volver a trillar los caminos de justicia, equidad, paz social, progreso y bienestar.
¡Así terminará el azaroso flagelo que padece Nicaragua con la impopular dictadura de la anciana familia Ortega-Morillo!
Autor
- Juan López es sociólogo, catedrático universitario y articulista
